DANILO MEDINA SE CRECE CON UN DISCURSO PATRIÓTICO, SENSIBLE Y ESPERANZADOR
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CODIANOS EN ACCIÓN.
Discurso del Excelentísimo Señor
Presidente de la República Lic. Danilo Medina ante a la Asamblea Nacional en el
169 aniversario de la Independencia Nacional.
Tengo el honor de presentarme, ante esta honorable Asamblea y ante
el pueblo dominicano, en ocasión de la celebración del día de nuestra
independencia patria, para realizar mi primera rendición de cuentas como
Presidente de la República Dominicana.
Esta es una ocasión solemne que me honra especialmente realizar
este año, en que celebramos el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo
Duarte, libertador de nuestra tierra, ejemplo e inspiración de todos los
dominicanos. Además, mi honor es doble, porque hoy exactamente, a esta misma
hora, en 1963 asumió el poder el Profesor Juan Bosch mi mentor, maestro y
líder. Por lo que, hoy, también celebramos el 50 aniversario del primer
presidente libremente elegido, después de la dictadura, por el pueblo
dominicano. Un hombre que con su ejemplo, conducta y carácter se convirtió en
el paradigma moral de la historia contemporánea de nuestro país.
El amor a la patria, inspirado por Duarte y cultivado junto al
profesor Juan Bosch, es la energía incansable que, incluso en los momentos más
difíciles, me impulsa a seguir trabajando y luchando siempre por nuestra gente.
Ahora, desde la Presidencia de la República, tengo el honor y la satisfacción
de poder servir a este país que siento en mi corazón. Y las acciones que
realizamos cada día, pueden estar seguros, no son otra cosa que el fruto de mi
compromiso con el país.
Señores legisladores, Hoy,
tras haber depositado las memorias de labores de todas las instituciones del
Estado correspondientes al año 2012, estoy de nuevo ante ustedes y ante nuestro
pueblo para rendir cuentas sobre los avances alcanzados y compartir con mis
conciudadanos algunas de las tareas y propósitos que hemos emprendido desde el
16 de agosto pasado.
Aun nos queda mucho camino por recorrer juntos, pues ningún
programa de gobierno se completa en 6 meses. Pero ya puedo hablarles de un gran
número de acciones que se han realizado, de otras que están en marcha y de
algunas que no han comenzado, pero ya tienen fecha de inicio y pronto se harán
realidad.
Amigos y amigas, El rumbo que nos trazamos desde el principio es
claro y no ha cambiado. Las personas, el pueblo dominicano, son el centro de
todas las políticas. Partiendo de ese rumbo claro, pusimos como primera
prioridad de nuestro trabajo la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esa
es nuestra meta inmediata más importante y la condición sin la cual
todas las demás políticas y proyectos no tendrán sentido.
Veamos ahora en qué se ha traducido esa intención de que las
personas sean el centro de todas las políticas. En primer lugar, se ha
traducido en presupuesto, en asignación de recursos. Hemos diseñado un
presupuesto anual en línea con las metas del programa de gobierno, que se
traducirá en mejores servicios y atención a las personas. Dicho de otra forma,
estamos invirtiendo en nuestra gente como nunca antes. Eso tiene amplias
implicaciones, algunas de ellas las conoce muy bien el pueblo dominicano.
Significa, en primer lugar, que hemos cumplido el compromiso de asignar al
menos el 4% del PIB para la educación preuniversitaria y elevar la asignación
para la educación superior. Y con ello se persiguen dos fines al mismo tiempo:
Cumplir lo que manda la ley, que es el más sagrado deber de todo
gobernante, y empezar a enderezar el rumbo de nuestra educación, tan mal
calificada por las evaluaciones internacionales. Hoy, puedo decir con orgullo y
satisfacción que la vieja aspiración de la sociedad dominicana, de que se
asigne el 4% del PIB a formar a sus hijos, es una realidad. Y quiero aprovechar
esta ocasión para felicitar a nuestro pueblo por este logro, que nos pertenece
a todos.
Ahora estamos concentrando nuestro empeño en asegurar que esos
mayores recursos se usen para tener impactos tangibles sobre la calidad,
equidad y cobertura de nuestro sistema educativo y evitar que sean
absorbidos por la ineficiencia o cualquier práctica incorrecta. Estamos ante
una oportunidad pocas veces vista en nuestra historia para impulsar una verdadera
transformación del sistema educativo. Parte de esa transformación es también la
puesta en marcha del más ambicioso Plan nacional de alfabetización de nuestra
historia: “Quisqueya Aprende Contigo”. Un esfuerzo de todo el país que hará
posible que más de 850 mil jóvenes y adultos tengan la oportunidad, en los
próximos dos años, de integrarse al sistema educativo y hacer realidad su
derecho a la educación.
El pasado 16 de agosto les prometí que el plan se iniciaría el 7
de enero. Hoy, 40 días más tarde, hay 100 mil personas que acuden a sus núcleos
de aprendizaje, en todo el territorio nacional, y alrededor de 7 mil
alfabetizadores voluntarios los orientan en su formación. Al concluir el año
habremos logrado incorporar al menos medio millón de personas analfabetas, con
más de 30 mil alfabetizadores.
Expreso mi reconocimiento a todos los entes gubernamentales, los
senadores, diputados, autoridades municipales, universitarios, dirigentes de
organizaciones de la sociedad, autoridades religiosas, a la cooperación
internacional y a todos quienes con su esfuerzo están haciendo realidad esta
hermosa gesta nacional. Pocas veces hemos vivido una iniciativa tan plural y
unitaria.
Estamos mostrando que
juntos podemos lograr metas que parecían imposibles. Exhorto a nuestra juventud
a continuar incorporándose como voluntarios. Invito a todos los jóvenes o
adultos no alfabetizados a dar un paso adelante, a aprovechar esta oportunidad
única para una vida mejor para su familia y su comunidad. Ustedes son los
verdaderos héroes, y así los reconoce la sociedad. Todos, unidos, vamos
tejiendo las redes de solidaridad que cubren cada rincón de nuestra patria.
Ahora es la oportunidad. Que ninguna persona se quede sin aprovecharla.
Quiero anunciar también que, en pocos días, presentaremos al país
otro importante Plan Nacional, esta vez destinado a proteger nuestro bien más
preciado: nuestros niños y niñas. Vamos a ampliar considerablemente la
cobertura y protección de la infancia de cero a 5 años, para acompañar y apoyar
a las familias en el desarrollo de sus hijos durante esa etapa crucial de la
vida. Queremos asegurarles atención integral, incluyendo protección, nutrición,
salud, educación, afecto y estimulación psicomotora, que les permitan
desarrollar todas sus capacidades.
Vamos a impulsar una nueva generación de dominicanos y
dominicanas. Ellos son hoy la felicidad de nuestros hogares y serán mañana
quienes llevarán sobre sus hombros a la nueva República Dominicana.
En el presente año construiremos 100 nuevas estancias infantiles y
habilitaremos 100 Centros Comunitarios y sus redes familiares. Al concluir el
actual periodo gubernamental, contaremos con 330 estancias infantiles y
mil 100 Centros Comunitarios con sus redes familiares, que atenderán a
426 mil familias y 528 mil niños menores de 5 años. Esto será más de 5
veces la capacidad acumulada en toda la historia del país.
Simultáneamente ampliaremos, en este periodo, la disponibilidad de
educación pre- primaria hasta más del 90% de los niños de 5 años de edad, lo
que significa sumar casi 200 mil niños al sistema educativo. Con el impulso
entusiasta del despacho de la Primera Dama de la República, estamos
desarrollando una red de 5 Centros de Atención Integral para niños de 0 a 10
años con discapacidades, en diversas regiones del país. El primero de ellos ya
se está construyendo e iniciará su funcionamiento este mismo año, respondiendo
así a una necesidad muy sentida de nuestra sociedad.
Hemos comenzado a implementar también otro de nuestros principales
compromisos con la educación: me refiero a la tanda extendida.
A la fecha, más de 33 mil alumnos ya se
han incorporado a ese sistema con éxito, y nuestro objetivo es que el próximo
agosto esa cifra ascienda a 200 mil. Para que el proyecto fuera posible, se
decidió duplicar el presupuesto destinado a alimentación escolar.
Concretamente, dicho presupuesto para este año será de casi 6 mil millones de
pesos, lo que hará posible, no solo sumar a los nuevos alumnos de la tanda
extendida que recibirán desayuno y almuerzo, sino también incrementar la
calidad de raciones alimenticias.
Esto va a permitir que cerca de un millón y medio de niños y
adolescentes del nivel inicial y básico, reciban una alimentación en el
desayuno adecuada a los estándares internacionales, establecidos por el Programa
Mundial de Alimentación de Naciones Unidas.
Paralelamente, se puso en marcha la
construcción de 10.000 aulas y sus respectivas cocinas y comedores. Esta
iniciativa de edificaciones escolares, señoras y señores, no solo es pionera
por el número de obras que se van a realizar en un año, sino también porque,
por primera vez, la asignación se realizó mediante sorteos públicos, abiertos y
transparentes, que han beneficiado con contratos a 919 ingenieros de toda la
geografía nacional. Y a ninguno de ellos se le preguntó el color de su partido.
Muchos de esos hombres y mujeres nunca antes habían recibido una obra del
Estado y eso ha significado un gran cambio en sus vidas.
Es importante hablar de las
cocinas y comedores, si me permiten el paréntesis, porque esas instalaciones
garantizan la salubridad de la alimentación y la dignidad de nuestros hijos, al
recibir su comida en lugares bien acondicionados. De la misma forma, el programa de alimentación escolar se está
esforzando en comprar los insumos a nuestros productores y en promover la
asociación y participación de las familias, contratando mano de obra local;
porque no solo es una forma de darles una dieta saludable a nuestros niños,
sino también la manera de apoyar los ingresos de sus padres y madres.
El programa se completará en fechas próximas con la elección del
“Pupitre dominicano”. El concurso que convocó el gobierno ha recibido ya
alrededor de 480 propuestas que pronto serán evaluadas para anunciar el
ganador. Podemos decir, con mucho orgullo, que las próximas generaciones
estudiarán en un pupitre diseñado y producido por manos dominicanas.
También, se abrieron las puertas del colegio Comunitario
Tecnológico en San Luís, obra que fue finalizada por la administración
anterior, para fortalecer la formación técnica y profesional de la juventud.
Nuestro compromiso con la gente se refleja, no solo en educación, sino también
en forma de programas de apoyo directo a las familias que más nos necesitan.
Por poner solo un ejemplo, en los últimos
meses 15 mil nuevas familias se integraron al programa Progresando con
Solidaridad, que dirige la Vicepresidenta de la República Dra. Margarita Cedeño
de Fernández. El
programa ahora incluye también orientación permanente, a través de visitas
domiciliarias y la vinculación a servicios del Estado. De esta forma, se
acompaña a los participantes en su proceso de desarrollo durante al menos dos
años, con el objetivo de abrirles las puertas a nuevas oportunidades.
Dominicanos y dominicanas,
Si bien nuestro primer compromiso es con los que menos tienen, y avanzar hacia
una Quisqueya sin Miseria, también estamos fortaleciendo a la clase media,
clave para mejorar la calidad de vida, garantizar la expansión del mercado
interno y la estabilidad política y social.
Sabemos que una parte importante de nuestras clases medias
mantienen un equilibrio precario entre sus ingresos y sus gastos. Contribuyen,
significativamente, con el pago de sus impuestos y, sin embargo,
tradicionalmente, no han tenido acceso a servicios públicos de calidad y han debido
cargarlos a su presupuesto familiar. En definitiva, se han visto obligados a
buscar soluciones individuales a necesidades que deberían ser cubiertas por el
sistema público.
Para darles respuesta, hemos comenzado por elevar la eficacia
del gasto público y garantizar que hasta el último centavo del dinero público
se destinará a satisfacer las necesidades de la gente y a ofrecer servicios
públicos de calidad, que alivien la carga que actualmente soportan las familias
de clase media. Lo más importante es garantizar a los ciudadanos que el Estado
está para servirles.
Estamos iniciando un nuevo esquema de gestión de las finanzas
públicas, con la seguridad de que vamos a evitar gastos innecesarios e
irracionales. Todo esto es fundamental para hacer que los dominicanos y
dominicanas se sientan identificados con su Estado, que lo perciban como algo
suyo, porque contribuye a satisfacer sus necesidades. En definitiva, es nuestra
forma de dar ejemplo y mostrar con resultados que financiar al Estado no es
botar el dinero.
La salud pública es otro buen ejemplo de esa mejora en los
servicios que hemos comenzado y que vamos a seguir profundizando. Quiero
compartirles un solo dato que resume los resultados del complejo trabajo de
reestructuración de la atención primaria y especializada que está realizando el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:
En estos seis meses hemos
duplicado el total de servicios prestados a la población a través de la red
pública de salud. En el presente año pondremos en funcionamiento 70 nuevas
Unidades de Atención Primaria y 19 Centros de Diagnóstico del primer nivel, con
una inversión de alrededor de 200 millones de pesos. Estamos en proceso de
remodelar y ampliar, con más de 300 camas, la Ciudad Sanitaria Luís Eduardo
Aybar, antes conocida como hospital Morgan, para materno infantil, para
quemados e internamiento general.
En la Ciudad de la Salud,
en Villa Mella, obra que fue concluida por la administración anterior, este año
abriremos 150 camas pediátricas, 150 camas de maternidad y 150 de hospital
general, además de inaugurar el nuevo hospital Oncológico en el Distrito
Nacional, que también fue concluido por la administración anterior. Por otra
parte, abriremos este año los pequeños hospitales de Partido en Dajabón, Baytoa
y Hato del Yaque en Santiago, y el de Salinas en Barahona. Junto a estos,
estamos invirtiendo en el mejoramiento de la planta física y equipamiento de 16
hospitales adicionales.
Nuestro compromiso con la reducción de la mortalidad materna e
infantil también se ha plasmado en acciones concretas: Intensificamos los
servicios de urgencias obstétricas en los hospitales priorizados y se puso en
funcionamiento una nueva unidad de perinatología en la Maternidad Nuestra
Señora de La Altagracia, así como salas de cirugía pediátrica en diferentes
centros. Nuestra meta es que no muera una madre, ni un solo infante, por falta
de atención adecuada.
Por otra parte, hemos eliminado los
cobros a los pacientes en 36 hospitales y, antes del final de este año, se
eliminarán en la gran mayoría de los centros de salud del país. El Estado ha
dispuesto la asignación de 400 millones de pesos para suplir lo que antes se
cubría con esa cuota.
Actualmente se está diseñando el Fondo para Enfermedades de Alto
Costo, o enfermedades catastróficas, que entrará en vigor este año. Así, vamos
a reducir el impacto negativo de los costos sanitarios en el presupuesto de las
familias pobres y de clase media. Ya se le han asignado 500 millones de pesos,
los cuales serán progresivamente ampliados, al tiempo que se desarrollan los
mecanismos para asegurar su correcta administración y gestión, mediante una
coordinación entre el Ministerio de Salud y SENASA.
Junto a estas medidas, la centralización de compras de
medicamentos a través de PROMESE/CAL, contribuye a una mayor transparencia y a
que el acceso a la salud no sea un lujo, sino cada vez más un derecho de
nuestro pueblo. Además, hemos avanzado en nuestro compromiso de tener, al
menos, una Farmacia del Pueblo en cada municipio del país.
A la fecha ya se han abierto 18 nuevas farmacias y está
previsto que este año abran sus puertas las 52 restantes para completar esta
promesa. Simultáneamente, reitero el compromiso de nuestro Gobierno para lograr
que el Seguro Familiar de Salud ofrezca los mejores estándares de calidad y
atención sanitaria a la población. De esta forma, contribuimos efectivamente a
reducir la pesada carga de las atenciones de salud en el presupuesto familiar. Reitero, así mismo, nuestro compromiso de
incluir a 1 millón 300 mil dominicanos más en el régimen subsidiado del Seguro
Familiar de Salud en el presente periodo y, en consonancia con esa decisión,
este año aumentamos su presupuesto en más de 23%, para acercarnos
progresivamente a nuestra meta.
Señores legisladores, Invitados especiales, Les dije que
gobernaría para todos y todas, sin distinción de colores partidarios, y así lo
estoy haciendo. Prueba de ello es el
Plan Nacional de Asfaltado que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas
desde nuestro primer día de gestión, en coordinación con todos los municipios y
distritos municipales del país, independientemente del partido que los dirija.
Con todos ellos, el Ministerio se ha reunido para escuchar sus necesidades de
asfaltado y facilitarles material, combustible e incluso maquinaria y mano de
obra cuando la precisan, para asfaltar sus calles.
En todo el país estamos viendo como
avanza esa labor y ya se han rehabilitado 230 kilómetros de carreteras, calles
y avenidas. Además, el Ministerio está interviniendo en cerca de 1.500
kilómetros de carreteras y caminos en todo el territorio Nacional.
Como saben, la construcción de viviendas populares es otra
iniciativa que impulsamos desde el primer día de gestión, con el objetivo de
garantizar un hogar digno a nuestras familias. En este sector, nuestro trabajo
se encamina en dos direcciones: por un lado, atendiendo los requerimientos de
las comunidades que habitan en zonas de mayor riesgo.
Y por otro, trabajando de
la mano con el sector privado para hacer posible el acceso al crédito y la
construcción masiva de viviendas para las clases populares y medias. En lo que
se refiere a las zonas de riesgo, en estos meses hemos iniciado las gestiones
para dar respuesta a este drama en dos de las zonas que más han sufrido
históricamente los efectos de los fenómenos naturales.
Me refiero a La comunidad de la Barquita y al área del lago
Enriquillo. Del saneamiento del Lago se va a beneficiar toda la región y, como
parte del plan, está previsto que se reubique a 560 familias.
Además, el INDRHI tiene varios proyectos
en marcha en la zona, a fin de controlar los flujos de agua proveniente del río
Yaque del Sur y conducirlos hacia el Mar Caribe. A su vez, las obras
conexas en la cuenca baja de la zona del Sur impedirán que las aguas del lago
crezcan e inunden las comunidades.
Por su parte, la Comisión para la Readecuación de La Barquita ya
está trabajando en la zona. Fueron finalizados los estudios hidrológicos y de
suelo, así como el censo de los pobladores y sus viviendas.
En breve plazo se llamará a una
licitación para el diseño del proyecto y, posteriormente, se contratarán,
mediante concursos públicos y competitivos las obras de infraestructura.
Paralelamente, el Instituto Nacional de
la Vivienda mantiene el proceso de construcción de proyectos integrales de
viviendas de interés social y, desde agosto pasado hasta ahora, ha terminado
mil ocho unidades habitacionales, que fueron prácticamente concluidas en la
administración anterior, distribuidas en 12 municipios y 10 provincias del
país.
Actualmente, se encuentra en proceso de
licitación pública internacional la construcción de otras 800 viviendas
adicionales, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y el Estado
Dominicano.
En lo que se refiere a impulsar
proyectos público-privados, la Comisión Presidencial para el Desarrollo del
Mercado Hipotecario y Fideicomiso estará lista en los próximos 45 días para
llamar a licitación pública y contratar el diseño del proyecto Ciudad Juan
Bosch, que contempla la construcción de 35.000 viviendas en los próximos 7 años.
Para la ejecución del proyecto, el Estado aportará a un fideicomiso cerca de 3
millones de metros cuadrados de terreno. Por su parte, el sector privado,
aportando sus propios recursos, financiamiento de la banca y emisiones públicas
que puedan ser adquiridas por los fondos de pensiones, se encargará de la
construcción.
Señoras y señores, Por
supuesto, no puedo seguir hablándoles de cuidar de la gente sin referirme a la
seguridad ciudadana. Conozco y comparto, desde lo más profundo de mi corazón,
el dolor y la preocupación de muchas familias que han sido víctimas de la
violencia y la delincuencia en nuestras calles. Créanme si les digo que no pasa
un día sin que trabajemos para mejorar esta situación. Hemos designado una
comisión conformada por los Ministros de Interior y Policía, Presidencia de la
República, Procurador General de la República y el Jefe de la Policía, para que
trabajen en la presentación de un plan de seguridad ciudadana. Sin embargo, por
su importancia y complejidad, este es un asunto que debe ser tratado con total
responsabilidad y en el que no hay espacio para la improvisación.
Nuestro país ya ha pasado por diferentes experiencias que no han
dado los resultados esperados. Teniendo esto en cuenta, los equipos de trabajo
han tenido que realizar una evaluación profunda de muchas variables hasta
llegar a una propuesta consensuada, sólida y que dé respuesta a las necesidades
reales del país.
Hoy quiero anunciarles que ese proceso
culminó y que en la segunda semana de marzo le estaremos presentando a la
población el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Una iniciativa integral, que deseamos
se convierta en política de Estado y que está diseñada para atacar de forma
simultánea la delincuencia y sus causas profundas.
También quiero anunciarles, particularmente a los habitantes de la
ciudad de Santo Domingo, que a partir
del día 30 del próximo mes de marzo, pondremos en operación la Segunda Línea
del Metro, en su primera etapa. Las inversiones finales se están
realizando, pues mal haríamos en desaprovechar un esfuerzo de tal magnitud.
Ahora quiero referirme también, a una iniciativa del
Ministerio de Medio Ambiente, que está reverdeciendo nuestro país. Solo en lo
que va de gestión, se han plantado en el país 5 millones 885 mil 998 plantas.
Es decir, casi seis millones de nuevos árboles se sumarán a nuestros bosques,
priorizando las cuencas de los ríos Yuna y Yaque del Sur, por su importancia
para la producción agrícola, energética y de agua para el consumo humano.
Además, en estos seis meses se ha dotado de centros de protección y vigilancia
a 5 parques nacionales adicionales, y para el final de 2013 está prevista la
finalización de 12 nuevos Centros, para igual número de Áreas Protegidas.
Distinguidos asambleístas, Les prometí un diálogo permanente con
el pueblo. Les dije que regresaría a los lugares que visité durante la campaña
para cumplir con la palabra empeñada y que gobernaría siempre con el oído en el
corazón del pueblo. Ese es el objetivo principal de las visitas que realizo
cada fin de semana a diferentes puntos del país. Mantener un diálogo permanente
y de tú a tú con el pueblo dominicano.
Escuchar y dar respuesta a las demandas
reales que me plantean. Esa es la razón de ser del mandato Presidencial. Esa es
para mí la verdadera política, la que crece de abajo a arriba, como el fruto de
nuestra tierra. Y en cada una de esas visitas, tengo siempre presente en mi
mente uno de los compromisos más importantes que he realizado: la creación de
400.000 nuevos puestos de trabajo dignos. En esos encuentros semanales estamos
abriendo puertas al empleo.
Estamos identificando, en cada región y en cada pueblo, las
necesidades de nuestra gente, pero también las oportunidades y los proyectos
empresariales y de economía solidaria que solo necesitan un poco de apoyo para
salir adelante. Quiero compartirles que cada una de esas visitas renueva mi
esperanza y mi fe en este país.
Hablo con las mujeres de la cooperativa la Estrella en Bayaguana,
con los productores de plátano y sorgo de Pedernales, con los de jengibre, de
dulce, de bambú, con los empresarios del sector turístico y pienso: Esa es la
Patria a la que deseamos servir. ¡Cuánto entusiasmo y energía muestran por sus
proyectos, que lo único que requieren es la mano amiga de un Estado que se
preocupe por ellos! Esa es la República Dominicana que debemos apoyar para
seguir creciendo, para hacer realidad nuestro sueño de un mejor país. Y ya
hemos dado grandes pasos, pueden estar seguros.
Fruto de esos encuentros y
de la labor del Banco Agrícola en todo el territorio nacional, el crédito
agropecuario se ha reactivado y, con él, la siembra en nuestros campos. Les
daré un ejemplo: Sólo con las visitas al Bajo Yuna y a las provincias de Hato
Mayor, Monte Plata y El Seibo se movilizaron créditos que van a beneficiar a
más de mil 500 productores y sus familias.
Somos conscientes de que el financiamiento al sector agropecuario
es clave para el desarrollo, por eso es y será siempre una de nuestras
prioridades fundamentales. Entre agosto de 2012 y mediados de febrero, el Banco
Agrícola otorgó 12 mil 334 préstamos, por un monto total de más de 4 mil 300
millones de pesos, que están favoreciendo a 16 mil productores. La meta para el
final de este año es que el crédito se incremente en un 35%. Además, la tasa de
interés ha bajado 6 puntos porcentuales, estamos adaptando los plazos a las
necesidades de cada proyecto y los trámites son más ágiles, para no dejar sin
financiamiento a ningún productor que lo necesite.
Por otra parte, la
renegociación de la deuda con miles de campesinos, les permitirá retomar la
actividad productiva sin verse ahogados por los préstamos. Este esfuerzo se
traduce ya en la producción de más de 600 mil tareas de tierras agrícolas y
ganaderas, además del desarrollo de otras iniciativas, como la avicultura,
apicultura e incluso la agroindustria. Detrás de estos números está la gente.
Están, por ejemplo, los productores de mango de Baní, los de cacao de Hato
Mayor, Monte Plata y el Seibo, Gaspar Hernández, los de cebolla de Vallejuelo,
los de banano de Azua y muchos más que vamos conociendo en cada visita. Estamos
hablando de miles de hombres y mujeres que ahora pueden generar empleo e
ingresos a sus familias.
Es una auténtica revolución
productiva en nuestros campos, que está ocurriendo en un tiempo récord. Estamos
empeñados en reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad, que expulsan
a nuestros trabajadores forzándolos a migrar a las ciudades. Por eso impulsamos
una política de desarrollo integral, que nos permita generar empleo, ingresos y
oportunidades en el campo y terminar, así, con la pobreza rural.
El Ministerio de Agricultura está apoyando todos los procesos con
diferentes iniciativas y muchas de ellas ya están teniendo un impacto
importante, como la preparación de tierras para cultivos de ciclo corto, la
distribución de fertilizantes, cepas, plantas in vitro y semillas, el control
de plagas, la vacunación contra enfermedades del ganado y la construcción de
más de 700 huertos comunitarios.
Por otra parte, además, de la mejora de los caminos rurales que ya
mencioné, estamos contribuyendo a reducir el impacto de las sequías con la
perforación de 320 pozos tubulares y la construcción de más de 52 lagunas en
las zonas ganaderas del país. Es importante recordar que esta fuerte
dinamización del campo tiene también un notable impacto en el empleo temporal.
Miles de personas se ocupan, por ejemplo, de la reparación de caminos y
canales, transporte y distribución de materiales, control de plagas, labores de
poda, fertilización, aplicación de pesticidas, etc. Paralelamente, para
facilitar el comercio de nuestros productos a precios ventajosos, tanto para
los productores como para la población, estamos creando una red de mercados que
ofrece servicios de logística según estándares internacionales.
Estamos poniendo en marcha el Merca Santo Domingo, que es una obra
que dejó finalizada la administración pasada, y pronto iniciaremos la
construcción del Merca Cibao en Santiago, así como una red de nuevos mercados
minoristas y un matadero regional en el Este. Quiero mencionar también el
proyecto de reconversión de la agricultura en el Valle de San Juan,
recientemente anunciado. Esta iniciativa nos permitirá evolucionar de los
cultivos tradicionales de escaso valor hacia una agricultura mucho más rentable
y competitiva.
Nuestro objetivo último es
incrementar la producción de los rubros más importantes de la canasta básica
familiar, y garantizar así la soberanía alimentaria del país, además de
fomentar la exportación. En concreto, este año se espera una cosecha de 10.6 millones
de quintales de arroz, 962 mil quintales de maíz, mas de 500 mil quintales de
leguminosas, 6 millones de quintales de raíces y tubérculos, y casi 9 millones
de quintales de hortalizas.
Por su parte, al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
(FEDA) se le asignó una partida extraordinaria de 125 millones de pesos para el
último cuatrimestre del 2012, y este año cuenta con mil millones de pesos, lo
que le ha permitido multiplicar su labor en las comunidades. Ya ha llevado a
más de 80.000 familias recursos para la producción de alimentos y construcción
de pequeñas obras de infraestructura productiva, como invernaderos, apiarios,
granjas de aves, estanques piscícolas, etc. De esta forma incorporamos a miles
de familias de bajos recursos a la actividad productiva y al progreso.
De la misma forma, tanto el
Ministerio de Obras Públicas como el INDRHI y los organismos de agua potable
trabajan sin descanso en la recuperación de más de 3 mil kilómetros de zonas de
riego, y en la mejora del servicio de agua, como parte de un esfuerzo
colectivo, para elevar las condiciones de vida en las zonas rurales. El INDRHI
tiene obras en ejecución para este año por valor de más de 5 mil millones de
pesos. Mientras que La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD), ejecutará alrededor de mil quinientos millones más. Solo en
los últimos seis meses, la corporación ha logrado incrementar el volumen de
agua que diariamente recibe la población en 47 millones de galones, logrando
beneficiar a casi 600 mil habitantes. En adición ha terminado 27 proyectos más,
que han mejorado el servicio de agua potable para 1 millón 600 mil personas del
Gran Santo Domingo.
Señoras y señores, No puedo hablarles del desarrollo del campo sin
referirme a un asunto fundamental: La propiedad de la tierra. Sabemos que ese
derecho a la propiedad es el primer paso para alentar la producción. Tenemos el firme compromiso de titular, a
través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado,
alrededor de 7 mil predios urbanos y rurales antes de que finalice el primer
semestre de este año. Además, vamos a entregar alrededor de 15 mil títulos
adicionales al final de segundo semestre de 2013, es decir, finalizaremos el
año con 20 mil nuevos inmuebles titulados.
Esto permitirá a miles de familias poner fin a años de
incertidumbre, acceder a créditos y cultivar con entusiasmo la tierra que les
pertenece. La meta para los próximos 4
años es titular más de 150 mil inmuebles entre terrenos agropecuarios y
viviendas sociales. Sin embargo, no es este un esfuerzo que pueda realizar
el gobierno en solitario. Por eso,
quisiera hacer un llamado especial al Poder Judicial dominicano. Para que
aunemos esfuerzos y trabajemos juntos en el fortalecimiento de los órganos de
gestión de la Jurisdicción Inmobiliaria y la simplificación de los procesos de
titulación. Así, lograremos alcanzar con éxito nuestras metas y garantizar
la seguridad jurídica inmobiliaria en la República Dominicana.
Señoras y Señores De esta forma, con todas estas medidas estamos,
poco a poco, cambiando el rostro del campo dominicano. Y en paralelo con el
desarrollo rural hemos seguido impulsando la locomotora de nuestro crecimiento:
Me refiero al sector turístico. En 2012, y a pesar de las
condiciones económicas adversas, nuestro sector turístico registró un
crecimiento de casi 6% en el número de visitantes no residentes, lo que se
tradujo en ingresos en divisas por más de 4 mil 500 millones de dólares. En los
últimos 6 meses he visitado unos 10 proyectos turísticos nuevos o que se han
relanzado en el país. Eso da muestra de la buena salud de nuestro sector,
además de la confianza de los inversionistas. Desde el gobierno estamos
impulsando también proyectos para reactivar el sector, como el relanzamiento de
la ciudad colonial de Santo Domingo y las ciudades de Puerto Plata y Samaná.
También estamos apostando con fuerza al turismo de cruceros. Como resultado de
los trabajos que se realizan, durante este año una importante línea iniciará
operaciones de Puerto Base, tocando a La Romana y Santo Domingo y otra línea
más reiniciará, en las mismas condiciones, operaciones que había suspendido.
Esto implica la apertura de nuevas oportunidades para ofertar
bienes y servicios locales, especialmente productos alimenticios provenientes
de la agropecuaria y la industria nacionales. Para que tengamos una idea de lo
que esto significa, sólo en 2012 una línea de cruceros adquirió 250 mil dólares
semanales en alimentos y productos dominicanos.
Honorables Asambleístas, Estoy convencido de que una clave para
transformar nuestro país, para lograr crecimiento con justicia social, para
incluir a las grandes mayorías populares en el tejido económico y fortalecer
nuestra clase media, es apoyar a nuestros emprendedores. Especialmente a las
MIPYMES, que con un pequeño impulso pueden convertirse en el sustento de
una familia. Con este propósito, a las pocas semanas de iniciar el gobierno, se
lanzó el programa más ambicioso que jamás se haya implementado en el país en
apoyo a las MIPYMES. Con este plan perseguimos la creación de empleo e ingresos
para nuestros microempresarios mediante la formalización, el acceso a crédito y
asistencia técnica y la participación en los programas de compras del sector
público.
Estamos uniendo todos los esfuerzos para derribar las barreras que
se interponen en el crecimiento de este importante sector. Así, por ejemplo,
hace unos meses se inició un plan para facilitar la formalización de PYMES
mediante la creación de una ventanilla única que permite que las empresas realicen,
en un solo lugar, todos los trámites que sean necesarios para constituirse. De
la misma forma, estamos utilizando el poder de compras del Estado para
incrementar la demanda de bienes y servicios por parte de las PYMES. En el
2013, las compras gubernamentales al sector están presupuestadas en
aproximadamente 33 mil millones de pesos, cifra sin precedentes que, sin duda,
dinamizará notablemente este sector.
Para apoyar a las MIPYMES el gobierno dominicano tiene varios
programas de financiamiento.
La recientemente creada “Banca Solidaria” o “Banco de los
Pobres” y el programa PROMIPYME, han aprobado y desembolsado, desde el 1 de
septiembre, préstamos por más de 800 millones de pesos. Con los que se ha
beneficiado a 10 mil 200 Micro y Pequeños empresarios. Cabe señalar que de este
total el 90% pertenecen a la nueva Banca Solidaria y solo el 10% al programa
regular de PROMIPYME.
Por su parte, Banreservas ha aprobado 774 solicitudes y
desembolsado 780 millones de pesos, mientras que la Fundación Banreservas ha
aprobado 75 millones de pesos, para un total de dos mil 533 préstamos a
microempresarios. Detrás de estas cifras hay miles de personas, especialmente
mujeres, que durante años no tuvieron acceso al crédito y ahora, por primera
vez, ven realizado su sueño de tener un pequeño negocio, con el que puedan
echar hacia adelante a sus familias. Es, por tanto, otra herramienta
fundamental para la creación de empleo y oportunidades.
Sin embargo, nuestro apoyo al desarrollo del aparato productivo no
se limita únicamente a las MIPYMES. En abril de 2012, en el marco del Segundo
Congreso de la Industria Dominicana, nos comprometimos a favorecer un entorno
competitivo para este sector, conformado tanto por las industrias que producen
para el mercado local, como por aquellas que lo hacen en las zonas francas para
el mercado de exportación. Cumplir con este compromiso, no es solo un deber
moral, sino también una forma de apoyar nuestro propio proyecto de país.
Porque significa crear nuevos empleos formales, incrementar la producción
de divisas y reducir las importaciones de bienes terminados, que se producen ya
en la República Dominicana. Es por eso que hemos abierto un espacio de diálogo
permanente entre los representantes de estos sectores y los ministerios de la
Presidencia y de Industria y Comercio, fruto del cual se han adoptado varias
medidas que, desde hace meses, favorecen el acceso a financiamiento y compras
gubernamentales de las industrias nacionales.
De la misma forma, seguiremos apoyando la notable recuperación del
sector de zonas francas, que ha vuelto a ocupar el primer lugar en la
producción de divisas, así como el encadenamiento productivo de todas las
industrias instaladas en el país, para crear un entorno de equidad fiscal y
competencia armónica, con una meta común: conquistar el mercado internacional.
Honorables Asambleístas,
Les hablo de crecimiento y desarrollo y no puedo, por supuesto, pasar por alto
un elemento fundamental en ese camino: el sector eléctrico. Este es un problema
que arrastramos desde hace varias décadas y que sufre todo el país. No existen
soluciones sencillas para abordarlo, sin embargo, nuestro gobierno está
decidido a actuar con responsabilidad y poner en marcha un plan integral para
darle una respuesta definitiva.
Tenemos la voluntad política
y esperamos contar con el apoyo y el consenso de toda la sociedad para
deshacernos, de una vez por todas, de este lastre que hasta hoy sigue frenando
el progreso en nuestro país. Como muchos
saben, nuestro sector eléctrico arrastra un déficit insostenible de más de 100
millones de dólares mensuales. Desde la crisis de precios del petróleo del año
2008 al 2011, el gobierno ha transferido por concepto de subsidio al sector
eléctrico un monto promedio anual superior a los mil millones de dólares.
Esto significa que en los últimos cinco años
el sector eléctrico ha requerido más de cinco mil 500 millones de dólares. Es
decir, más de 240 mil millones de pesos. Este déficit es producto de 3
problemas fundamentales: el primero de ellos es el alto costo de generación,
debido a que más del 60% de la energía que producimos proviene de derivados del
petróleo. El segundo problema son las altas pérdidas de las empresas
distribuidoras, producto tanto del mal estado de las redes como del robo de
energía, que se traduce en cientos de millones de dólares no recaudados cada
año. Y en tercer lugar, arrastramos también deficiencias en la gestión de las
empresas del sector que necesitan ser corregidas.
Es verdad que en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo
en el sector para reducir las pérdidas, aumentar los cobros y optimizar la
compra de energía a las generadoras. Además, la tarifa eléctrica aumentó en dos
ocasiones entre 2009 y 2011, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. Sin embargo, este gran esfuerzo se ha diluido por los altos
precios de compra de energía que enfrentan las empresas distribuidoras, muchos
de los cuales están determinados por los contratos existentes.
Teniendo en cuenta todo
esto, la estrategia integral que hemos diseñado para el sector consta de tres
pilares, que dan respuesta a cada uno de los tres retos que enfrentamos. En
primer lugar, vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes para aumentar la
capacidad instalada y modificar simultáneamente la matriz de combustible degeneración.
Dicho de otra forma, vamos a producir más energía, y lo haremos a través de
fuentes que nos permitan reducir nuestra dependencia del petróleo.
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento
económico del país, los cálculos realizados nos dicen que en el 2016 deberíamos
tener instalada una capacidad efectiva de 3 mil 800 megavatios. Eso significa
que debemos instalar alrededor de mil 500 megavatios adicionales.
Considerando las actuales tecnologías y
combustibles disponibles, estas nuevas facilidades deberán incluir plantas de
ciclo combinado a gas natural, plantas a carbón, y plantas en base a energías
renovables, que demandarán inversiones por más de 3 mil millones de dólares,
solo en el sector de generación. En concreto, nuestro Plan incluye las
siguientes acciones, que reducirán el déficit del sector entre 600 y 800
millones de dólares. Como primera medida, se dará inicio de manera inmediata a
los procesos para la contratación por parte del Estado de la construcción de
dos plantas a carbón de 300 MW cada una.
Además, vamos a concluir las negociaciones para la adquisición, y el
suministro de gas natural a precios que hagan viable la instalación de dos
Ciclos Combinados de 300 megavatios a gas natural. Simultáneamente, vamos a
facilitar la optimización de los recursos existentes, ya sean de carácter
privado o de propiedad mixta, para ampliar la capacidad instalada en al menos
600 megavatios más a gas y/o carbón. Además, vamos a finalizar los proyectos de
pequeñas hidroeléctricas, que están en marcha. Iniciaremos en un esfuerzo
conjunto con el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, la construcción de 19 minicentrales hidroeléctricas comunitarias. Esto
nos permitirá hacer llegar el suministro por primera vez a más de 2 mil 100
familias de áreas montañosas del país. El plan previsto hasta 2016 contempla la
construcción de 50 minicentrales, que llevarán luz y progreso a un total de 5
mil 500 familias de nuestras zonas más apartadas.
Paralelamente vamos a invertir alrededor de 224 millones de
dólares en proyectos de Transmisión. Esto incluye la finalización de líneas
como Julio Sauri -Paraíso o el Cruce San Juan. La construcción de subestaciones
en Dajao, Herrera, Arroyo Hondo, San Juan de la Maguana, Cruce Cabral, San Cristóbal
y Hato Mayor, entre otras.
El segundo gran pilar de
nuestro plan, son la medidas destinadas a reducir las pérdidas. Y aquí es
importante resaltar, que hay dos tipos de pérdidas. Por un lado, existen
pérdidas técnicas, que vamos a afrontar con la puesta en marcha de un plan de
expansión, que supondrá una inversión de 220 millones de dólares, para el cual
ya se ha identificado financiamiento con Agencias de Exportación y Organismos
Multilaterales.
Este plan, que nos permitirá garantizar la calidad del servicio,
incluye la construcción de 21 nuevas subestaciones de distribución, y la
ampliación del calibre de los conductores de 900 kilómetros de redes de media
tensión.
Sin embargo, y esto es algo en lo que me gustaría detenerme, hay
un enorme caudal de pérdidas mensuales, que no son técnicas. Que son, digámoslo
claramente, producto del hurto y de la irresponsabilidad de los usuarios.
Y en este sentido, quiero hacer hoy un llamado a todos los dominicanos y
dominicanas. La solución al problema eléctrico no llegará mientras no tomemos
conciencia, cada uno de nosotros, de la importancia de nuestra contribución. Es
cierto, y el gobierno así lo asume, que hay sectores de escasos recursos, que
necesitan ser subsidiados para recibir energía.
El gobierno va a continuar apoyando a esos sectores, no les quepa
duda a nadie. Pero también es cierto que hay otros muchos usuarios, que podrían
pagar por el servicio y, sin embargo, están haciendo un uso indebido de los
recursos. Hablamos de cientos de millones de dólares, que podrían ser
invertidos en nuevas instalaciones, en mejor tecnología y en abaratar costos, y
que sin embargo, se quedan cada año en los bolsillos de usuarios, que
maliciosamente, deciden no pagar. No podemos permitir, que esa situación de
impunidad continúe. Es necesario afrontar este asunto con responsabilidad. Ya
no sirve la excusa, de que el servicio no es bueno, y por eso no lo pago.
Desde el gobierno estamos decididos a romper esa espiral, pero
necesitamos también, que se genere un cambio de actitud, en la cultura de la
población. Nos comprometemos, desde hoy, a iniciar las inversiones necesarias.
Vamos a mejorar el suministro, la atención, y los costos de generación, pero
también vamos a reforzar la vigilancia, para terminar con los abusos.
La meta que nos hemos propuesto, es llevar las pérdidas del 36%
actual a un 25% al final del año 2016. Para que se hagan una idea de lo que
perdemos anualmente, por aquellas personas que consumen energía y no la
pagan, solo esa reducción del 11% en las pérdidas, significará una recaudación
adicional de cerca de 200 millones de dólares anuales.
Las acciones que vamos a desarrollar, se enfocan en dos frentes
fundamentales: en primer lugar, implementaremos una moderna Plataforma de
Tele-medición en las Distribuidoras, que incluirá un software de última
generación, así como la instalación de 500 mil nuevos tele-medidores y 43
mil equipos de medida para macro-mediciones. Esto permitirá, monitorear y
controlar la energía servida a los clientes industriales, comerciales y
residenciales, localizados en los grandes centros urbanos de todo el país.
En segundo lugar,
rehabilitaremos las redes eléctricas e instalaremos 700,000 nuevos medidores a
clientes ubicados en circuitos suburbanos y municipios donde se registran los
mayores niveles de pérdidas del país. Aplicaremos soluciones técnicas y
comerciales, para reducir el fraude y ampliar la continuidad del servicio a 24
horas, apoyados en una gestión social, enfocada en educar y comprometer a las
comunidades, con el cambio de cultura del pago del servicio eléctrico.
Toda esta transformación implicará comprometernos con un plan de
inversión de cuatro años, a razón de 145 millones de dólares por año, que será
agenciado, con la banca multilateral y agencias de exportación. Por último, el
tercer pilar del plan integral para el sector eléctrico, la mejora en la
gestión de las empresas del sector, incluye acciones en cuatro ámbitos
fundamentales: comercial, financiero, tecnológico y legal. Las reformas abarcan
desde mejoras en la recaudación y la calidad del servicio, hasta estrategias
para maximizar la capacidad de financiamiento, optimización de las estructuras
tecnológicas y creación de mecanismos legales para sancionar a quien viole la
ley.
En definitiva, se trata de un esfuerzo sin precedentes para la
completa modernización del sector. Nuestro objetivo es que al final del periodo
presidencial podamos dar por resuelto este problema de forma definitiva y
encarar una nueva etapa para el desarrollo en nuestro República.
Desde el gobierno
reiteramos hoy nuestro propósito de trabajar sin descanso para que la economía
siga creciendo, y también para garantizar que sus frutos se distribuyan
equitativamente. Es importante resaltar que prácticamente todas las economías
del mundo vieron enfriarse su crecimiento en 2012, incluyendo China y la India,
que parecían invulnerables.
Afortunadamente las últimas noticias provenientes de los EUA,
Europa y Asia apuntan hacia cierto mejoramiento durante el 2013. Varios
sectores tuvieron en 2012 un desempeño positivo, destacando la minería
que creció 42%. Energía y agua, que aumentó 7.7%. Intermediación financiera con
7.3%. Salud, con 5.9%. Enseñanza con 4.5%. La agropecuaria, con un incremento
de 4.1%. El comercio con 4%. Transporte 3.4%. Y hoteles, bares y restaurantes,
que creció lo mismo que el sector comunicaciones, 3.2%.
Fruto de ese desempeño, el
PIB per cápita de la República Dominicana alcanzó un nivel de 5 mil 762 dólares
y, así, el producto total dominicano, es el más alto de la región de
Centroamérica. La inflación fue de 3.9%, la más baja de los últimos veinte años
y, aunque en 2013 subirá algo como efecto inmediato de los ajustes impositivos
que fueron aprobados, se espera que no supere el 5%, por el firme compromiso de
la actual gestión con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Como una forma de estimular
la economía, y considerando la baja tasa de inflación, la autoridad monetaria
viene aplicando, cuidadosamente, una política de reducción de las tasas de
interés de referencia, influyendo sobre las tasas bancarias y fomentando así la
reactivación del crédito al sector privado, a partir del segundo semestre del
año pasado.
En efecto, entre los meses de agosto y diciembre de 2012, los
préstamos al sector privado, tanto en moneda nacional como en moneda
extranjera, aumentaron en casi 31 mil millones de pesos, revertiéndose la
tendencia a la baja que se había observado durante la primera parte del año
anterior. Pese al lento crecimiento económico de la UE y los Estados Unidos,
las exportaciones dominicanas lograron crecer durante 2012, superando los 9 mil
millones de dólares que, si bien no es suficiente para corregir el déficit
externo, constituye el mayor nivel en la historia dominicana.
Es importante destacar el repunte que están experimentando las
Zonas Francas, que reportaron exportaciones cercanas a los 5 mil millones de
dólares, mostrando la clara recuperación, fruto de una mayor diversificación
del sector. Las remesas, sin embargo, sufrieron una leve reducción de 1.3%,
debido, fundamentalmente, a la situación de desempleo que registran los países
europeos donde residen muchos dominicanos, como es el caso de España.
A pesar de ello, los
recursos recibidos de los dominicanos en el exterior ascendieron a 3 mil 158
millones de dólares en 2012. Desde hace algún tiempo, el sector financiero se
mantiene fuerte y en crecimiento, pues se adoptaron las decisiones para
fortalecer la regulación y vigilancia, de modo que hoy exhibe altos niveles de
capitalización, estabilidad, solidez y solvencia.
Sus activos totales se
incrementaron en 9.1 % en 2012. Sus clientes registran niveles de morosidad o
atrasos de apenas 3.4% y la solvencia consolidada de todos los intermediarios
financieros es de 18.2%, muy superior al 10% que exigen los estándares
internacionales. El gobierno ha mostrado desde el primer día su actitud
responsable en el manejo macroeconómico y aplicó a partir de agosto una
política de control y racionalización del gasto, que permitió que de septiembre
en adelante las erogaciones se redujeran casi la mitad con respecto al nivel
que mantenían en los meses previos.
La nueva administración ha emprendido una lucha frontal contra el
déficit presupuestario, para alejar el fantasma de la inestabilidad
macroeconómica. La gestión financiera del Estado Dominicano se está
transformando, para que no siga siendo vista con recelo por los organizaciones
internacionales y por nuestros propios ciudadanos. Es preciso someter a las
instituciones públicas a un proceso de reingeniería para que desarrollen la
capacidad necesaria para impulsar esta visión. Tenemos que cambiar los hábitos
y actitudes entre nuestra burocracia, y yo estoy vigilando para que así se
haga.
Señoras y señores Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con
el principio de la seguridad jurídica para la inversión. Soy un fiel creyente
en la sana inversión extranjera para estimular el crecimiento del ingreso, el
empleo, la reducción de la pobreza y la generación de divisas, en economías
emergentes como la nuestra.
En este contexto, quiero ahora referirme a un tema que desde hace
meses se viene debatiendo en el país, y sobre el cual un número creciente de
sectores, grupos, y líderes de la sociedad dominicana han estado reclamando una
definición del Gobierno. Me refiero, al contrato entre el Estado dominicano y
la empresa Barrick Pueblo Viejo. La inversión extranjera que se ha producido en
el Proyecto Barrick Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar
en el país en toda la historia.
Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones
de dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado
dominicano contrató con la SGS de Suiza.
Estoy convencido de que la
Barrick es una empresa seria, comprometida con una minería responsable, y
cumplidora de las normas y mejores prácticas para proteger nuestro medio
ambiente. Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos
merece atención especial, tanto por parte del Gobierno como de la empresa
Barrick Pueblo Viejo:
Los beneficios fiscales que genera el proyecto y la nueva
situación que se ha presentado, luego de que los precios del oro en el mercado
de Londres hayan registrado niveles de entre mil 600 y mil 900 dólares la onza
en los últimos años, como consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez
mundial y la incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers en
septiembre de 2008.
El 25 de marzo de 2002, fecha en que se aprobó el Contrato para la
explotación del oro entre el Estado dominicano y la empresa Placer Dome, el
precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la onza. Ese
contrato fue adquirido por Barrick Gold cuando el 19 de enero del 2006 esta
empresa compró las acciones de Placer Dome. El día de la compra de las acciones, el precio
del oro cerró en 555 dólares la onza.
El 27 de septiembre del 2007, Barrick Gold solicitó, a través de
carta dirigida a la Ministerio de Industria y Comercio, la flexibilización de
los aspectos fiscales del contrato que el Gobierno había acordado con Placer
Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732 dólares la onza. A pesar de que el
Gobierno dominicano podía aferrarse a lo establecido en el Contrato original
con Placer Dome, mostrando una actitud de apertura y flexibilidad, aceptó
sentarse en la mesa de negociación con la empresa Barrick Gold, para revisar
los aspectos fiscales del Contrato que esta había adquirido.
El 11 de noviembre de 2009,
la Cámara de Diputados aprobó la enmienda al contrato con Placer Dome, en el
cual se establecieron modificaciones al régimen fiscal del contrato. Como
acertadamente sentenció el Presidente Barack Obama en su discurso inaugural el
pasado 21 de enero, “cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos
cambiar”. Y nadie, absolutamente nadie, puede negar que luego de la crisis
financiera de 2008, los tiempos de hoy son muy diferentes a los de principios
de la década.
El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi 6 veces más
alto que el de marzo del 2002, es un reflejo de la magnitud del cambio. Fue eso
lo que nos motivó, desde que asumimos la Presidencia de la República el pasado
16 de agosto del 2012, a designar una Comisión Oficial de Alto Nivel, bajo la
coordinación del Ministro de la Presidencia, con el mandato de iniciar
conversaciones con los ejecutivos de la empresa Barrick Pueblo Viejo. El
objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema fiscal establecido
en el contrato, dado el cambio dramático que ha tenido lugar en el precio del
oro en el mercado de Londres.
Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses,
sin que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y
la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de
distribución de los ingresos, entre la empresa y el Estado dominicano, derivada
de la explotación del oro. A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la
posibilidad de adelantar el pago de impuestos futuros, lo que implicaría que el
Gobierno actual estaría apropiándose de recursos que le corresponderían a las
próximas administraciones.
Que no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una operación
como la planteada por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no encaja dentro
de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta nuestra
administración.
Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión
del contrato para la explotación de oro en Pueblo Viejo, con un precio promedio
de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la onza de plata, la empresa
Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por 2 mil
600 millones de dólares en los dos primeros años de producción, asumiendo
exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de
onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total
invertido en poco más de dos años.
Nunca antes, en la historia de la humanidad, se ha verificado un
caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan
poco tiempo, mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría
recibiendo migajas durante esos primeros años.
De los mil 753 millones de dólares de ingresos
anuales de exportación, el Gobierno dominicano apenas recibiría 56 millones de
dólares. En otras palabras, durante los primeros años, de cada 100 dólares de
ingresos de la exportación de oro y otros metales, la Barrick recibiría 97
dólares y el pueblo dominicano tres. Dominicanas y dominicanos.
¡Eso es sencillamente INACEPTABLE! Estoy consciente que ni el
Gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la culpa de este resultado. La verdad
es que ninguno de los dos previeron, y quizás no podían prever, lo que iba a
suceder con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló
en septiembre del 2008. Pero la realidad es que la situación cambió. Que las
circunstancias ahora son muy diferentes. Y si por mutuo acuerdo no modificamos
los términos fiscales del contrato durante los primeros años, la Barrick se
quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada.
Dominicanos y dominicanas, Yo, Danilo Medina, les aseguro que eso
no sucederá. Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de la Barrick
Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato,
pues el esquema actual de distribución de ingresos, luego del alza en los
precios del oro en el mercado mundial, es inaceptable.
Hasta ahora hemos sido
pacientes. Pero la paciencia tiene un límite. Y más para un gobierno que está a
diario en la calle y ve dibujadas en el rostro de nuestra gente las urgencias
de una mayor inversión de recursos, que le permitan mejorar sus condiciones de
vida.
Si la empresa Barrick
Pueblo Viejo mantiene la posición intransigente que ha exhibido hasta ahora, el
gobierno no se puede quedar de brazos cruzados.
Pasado un plazo prudente, someteremos
al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre los
Ingresos Inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el cual
gravará, con una tasa justa, el excedente entre el valor de las exportaciones
de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el
precio de referencia para cada uno de los minerales.
Ese precio se fijará en
función de los precios vigentes en los tiempos en que los contratos originales
fueron adquiridos u otorgados a las actuales empresas dedicadas a la
explotación de minerales. El impuesto sobre los ingresos inesperados liquidado operaría
como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades
netas (PUN) de 28.75%. Los ingresos que se obtengan de este impuesto serán
destinados a la inversión social y al combate de la pobreza.
Estoy seguro que esta iniciativa recibirá el apoyo mayoritario y
expedito de los legisladores de todos nuestros partidos políticos presentes en
esta Asamblea Nacional. Sé que algunas empresas argumentarán que sus contratos
contienen cláusulas de estabilidad fiscal durante la vigencia de los mismos que
impiden la creación de nuevos impuestos que las afecten.
Mi respuesta a esa argumentación es la siguiente. Primero, la
introducción del nuevo impuesto no reducirá el valor del contrato original
adquirido u otorgado a la empresa. Lo que el nuevo impuesto haría sería
distribuir el aumento en el valor del contrato, generado por el alza inesperada
de los precios, asignándole un porcentaje justo del incremento al pueblo
dominicano y el resto a la empresa.
Segundo, al igual que sucede en los países desarrollados que
rechazan las solicitudes de cláusulas de estabilidad fiscal, en nuestro caso
las decisiones que hayan tomado los Poderes Legislativos en el 2002 y el 2009,
no pueden atar de manos al actual ni a los futuros Congresos que elija el pueblo
dominicano, pues esto violaría los derechos de soberanía.
No es por casualidad que Estados Unidos, Canadá e Inglaterra no
permiten la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos de explotación
petrolera y minera. Y tercero, el contrato inicial con Placer Dome contenía
cláusulas de estabilidad fiscal similares y el Gobierno, a solicitud de la
Barrick Gold, accedió a sentarse en la mesa de negociaciones para modificarlo a
favor de la empresa.
Ahora, que los elevados
precios favorecerían de manera exagerada y exclusiva a la empresa en los
primeros años, corresponde a la empresa aceptar la invitación del Gobierno para
que, por mutuo acuerdo, modifiquemos la distribución de los ingresos que
generará la explotación del oro de Pueblo Viejo.
Las modificaciones de los esquemas fiscales acordados con las
empresas petroleras y de minerales han sido la regla y no la excepción en el
mundo minero, a raíz de los aumentos inesperados de precios que han tenido
lugar en los últimos años. Lo que el Gobierno dominicano está requiriendo, no
es algo muy diferente a los cambios fiscales ejecutados en: Argelia en 2006, en
Argentina en 2002, 2004 y 2006, en Australia en 2008, en Bolivia en 2005, 2006
y 2007, en Canadá en 2007, en China en 2006, en Ecuador en 2006, 2007 y 2008,
en India en 2008, en Inglaterra en 2002 y 2005, en Italia en 2008, en
Kazajistán en 2008, en Mongolia en 2006, en Nigeria en 2008, en Papúa Nueva
Guinea en 2008, en Rusia en 2002 y 2003, en Estados Unidos en 2005, 2006 y
2007, en Venezuela del 2002 al 2008, en Vietnam en 2008, y en Zambia en
el 2008.
No somos, por tanto, los únicos que estamos reclamando una mayor
justicia distributiva de los beneficios generados por la explotación de los
recursos no renovables.
Señoras y señores; Quiero que me escuchen bien: El oro que subyace en
el suelo de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperon, es del pueblo
dominicano. ¡De nadie más! Y sólo podrá ser extraído, procesado y exportado, si
las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de
este recurso no renovable, son justas y favorables para las dominicanas y los
dominicanos.
Y en los actuales momentos
no lo son. De todas formas, les repito, el Gobierno favorecerá el mantenimiento
del mejor clima para la inversión nacional y extranjera.
Distinguidos Legisladores Estamos probando, con los hechos, que
las políticas económicas y sociales pueden y deben caminar de la mano y en
armonía. Les dije muchas veces que la mejor política económica es el combate a
la pobreza. Que la protección social no está reñida con la eficiencia y la
responsabilidad fiscal. Y estamos dando muestra de que es posible encontrar ese
equilibrio. Paso a paso, vamos sentando las bases para un nuevo modelo de
desarrollo, centrado en mejorar la calidad de vida de las personas, familias y
comunidades, para alcanzar un crecimiento más estable y más justo.
Es cierto que el camino del desarrollo es largo, y a veces difícil
de transitar, pero estén seguros de que en nuestra gestión se crearán las
condiciones para avanzar con pasos firmes. A todo el pueblo dominicano le digo:
Tengan confianza. Tengan esperanza y optimismo, porque estamos cada vez más
cerca de nuestros sueños. En estos 6 meses hemos trabajado como prometimos, con
el oído en corazón del pueblo, con el mejor espíritu de servicio y siempre
desde el amor a nuestra patria.
Señoras y señores, Les dije durante la campaña que cada maestro
tiene su librito. Es decir, que establecería mi propio estilo de gobierno y que
renovaría la política dominicana. Los que me conocen bien saben que yo prefiero
hablar con hechos, más que con palabras. Y así es como quiero hacerle llegar a
la gente mi sincero compromiso con el mandato presidencial que me otorgaron.
Así, con acciones y predicando con el ejemplo, hemos mostrado nuestra voluntad
de liderar un gobierno responsable, coherente y comprometido con el
comportamiento ético y el respeto a la ley. Hemos establecido también un rumbo
claro y una voluntad férrea de cumplir con lo escrito en nuestro programa de
gobierno.
Hemos dado prueba de
nuestra vocación de servicio y de nuestro compromiso con las demandas del
pueblo. Hemos reafirmado nuestra vocación de ser un gobierno de unidad,
defensor de la democracia y que trabaja para todos por igual. Y con ese ejemplo
queremos seguir entusiasmando a todo el país.
Dominicanos y dominicanas, Sé, porque
lo siento en las calles y en las comunidades que visito, que una nueva
esperanza está creciendo en nuestro pueblo. Es una luz que se ha encendido en
nuestros corazones y que nos dice que “hacer lo que nunca se ha hecho” no es
solo una frase.
Es, cada día más, una realidad que se está abriendo paso, a través de las
dificultades y de los obstáculos, para mostrarnos que se puede hacer política
de otra forma, que se puede transformar un país, que se puede soñar y hacer
realidad esos sueños.
Nace un nuevo país, que sabe que es posible, hacer una revolución
pacífica y democrática. Que es posible, revolucionar la calidad de nuestra
educación. Que es posible, revolucionar nuestra producción energética, nuestra
agricultura, nuestra industria y nuestro turismo. Sabemos que el camino es
largo, que no serán pocas las batallas que tengamos que librar. Pero les digo:
también las libraron nuestros héroes y libertadores. También sufrieron y
esperaron, pero nunca se apartaron de su rumbo.
Podemos y debemos ser optimistas, esforzarnos cada día por superar
las dificultades y aprovechar las oportunidades.
Cuento con todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad
para seguir conquistando nuevas metas de equidad, prosperidad, paz, libertad y
felicidad para nuestro país. Cuento con su energía, su motivación, su talento y
su deseo de superación para mantener viva la llama de Duarte y el amor a
nuestra Patria.
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